El papel de las víctimas en el Derecho Penal: Protección y populismo punitivo

Abstract

El pasado septiembre los medios de comunicación se hicieron eco de la polémica suscitada entre los padres del menor asesinado en 2017 Gabriel Cruz y el dúo musical gaditano «Andy y Lucas» a raíz de la exhibición por estos últimos de una camiseta, la que bajo la frase que rezaba «JUSTICIA YA» aparecía una instantánea de su hijo junto a los rostros de otras víctimas cuyos casos han estremecido al sentir popular, entre los cuales cabe mencionar el de Sandra Palo, Marta del Castillo, Ruth y José Bretón, Mari Luz Cortés o Diana Quer. Los padres dirigieron un comunicado a los cantantes expresando su malestar dado que ellos no habían otorgado permiso para que los artistas hicieran uso de la imagen del pequeño, arguyendo con carácter adicional que un concierto no era el medio idóneo para la satisfacción de sus pretensiones, ciñéndose, por tanto, a los mecanismos legales establecidos1. Así, la postura tomada por los progenitores del menor contrastó con las reacciones de otros padres cuyos hijos aparecían en dicha prenda, los cuales encomiaron la labor de los cantantes por dar voz a su causa, evitando así que caiga en el olvido. Por su parte, uno de los integrantes del Grupo, Lucas González, expresó su desconcierto con respecto a la reacción de los padres de Gabriel, poniendo de manifiesto el altruismo de su conducta. Sin embargo, lejos de cuestionar los motivos que condujeron al grupo musical a exhibir la imagen de las víctimas durante uno de sus conciertos, queremos evidenciar la elección de la denominada «causa», a saber, la defensa de las víctimas de unos delitos que, ya por sus protagonistas, ya por la forma de ejecución, han conmocionado y sacudido a la opinión pública, resurgiendo como objeto de debate el binomio existente entre seguridad y libertad, primándose la primera respecto a la segunda. En este orden de cosas, extrapolando esta situación a otros ámbitos de la esfera pública, el todo social ha sido testigo de cómo las víctimas de determinados delitos encabezan manifestaciones o las primeras líneas de determinados partidos políticos2; actuaciones cuya trascendencia no ha resultado baladí en la medida que su arrastre mediático ha arrojado como resultados en última instancia la materialización de los grandes hitos del incremento punitivo que nuestro ordenamiento jurídico lleva experimentando durante décadas, destacándose las reformas del Código Penal de los años 2003 o 2010. No obstante, esta tendencia, que ha alcanzado su cenit con la introducción en el año 2015 de la Prisión Permanente Revisable en presenta un arduo encaje con los fines resocializadores de la pena condena propugnados en el artículo 25.2 de la Constitución y de la LO General Penitenciaria. Por este motivo, en aras de comprobar si la imagen de desprotección de las víctimas se corresponde con la ofrecida por los medios de comunicación, trataremos de abordar el fenómeno desde una perspectiva integral. Esta pretensión nos lleva a la combinación de dos enfoques, a saber, en primer término, aquel relacionado con los saberes sociológicos, políticos y criminológicos para posteriormente proceder al análisis jurídico-positivo de los textos normativos de mayor relevancia en la materia, ora de carácter internacional, ora en el contexto legislativo español, incidiendo especialmente sobre la Directiva 29/2012/UE y sobre la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito -en adelante, LEVID-.